El gobernador del Sáhara remitió una orden de expulsión a la Embajada de España en Rabat. Según el texto, Sara Domene constituía “una grave amenaza para el orden público y su expulsión es una necesidad imperiosa para salvaguardar el orden público”.
Al principio pensé que era una broma”, expresa la barcelonesa de 31 años Sara Domene, después que recibió la llamada de un funcionario español que ejerce funciones consulares en El Aaiún. Este la invitó a que se pasara por su despacho para leerle una orden de expulsión del gobernador del Sáhara remitida a la Embajada de España en Rabat.
Según el texto, Domene constituía “una grave amenaza para el orden público y su expulsión es una necesidad imperiosa para salvaguardar el orden público”.
Pero detrás de esa “amenaza” se escondía una acusación de proselitismo, un delito en Marruecos. Domene es evangélica y desde 2007 daba clases de español en El Aaiún por cuenta de una ONG y con la ayuda de una Iglesia Evangélica de Sant Boi de Llobregat.
“Soy evangélica, pero soy filóloga, me he dedicado exclusivamente a dar clases de castellano con las que recaudábamos dinero para dos centros de discapacitados”, asegura Domene, vía telefónica al diario El País de España después de llegar a las Palmas.
Desde marzo unos 120 cristianos, en su mayoría occidentales, han sido obligados a abandonar Marruecos. Una intervención de la Embajada de EE UU, logró frenar las expulsiones de sus ciudadanos, pero las de otros países, como España, aún continua.
El funcionario español que trasladó la orden a Domene, le ofreció “protección consular” para intentar evitar la sanción, precisan fuentes de Asuntos Exteriores. “No es verdad”, asegura ella. “No se me dio tampoco copia de la orden. Creo que la diplomacia española podría poner más empeño en defendernos”.
Domene, es la segunda española expulsada por Rabat, después de Francisco Patón, de 60 años, gerente de una empresa fotovoltaica en Rabat, que, según Exteriores, recurrió la medida en mayo ante los tribunales con la ayuda del Consulado de España pero su recurso fue desestimado.
Domene, fue convocada en la comisaría central de policía. “Allí me esperaban el comisario jefe y cinco agentes para comunicarme la orden. Me advirtieron de que disponía de 48 horas para largarme y que si no lo hacía habría represalias”, recuerda.
“Al principio hubo tensión porque les pregunté el porqué de la sanción y les dije que era injusta y arbitraria. Contestaron que no estaba allí para preguntar”. Después se echó a llorar “y los policías corrieron a buscar pañuelos y empezaron a dar explicaciones”. “Son órdenes de arriba que debemos cumplir”, se disculparon.
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